Cuatro colectivos instan a desmontar las esculturas del puerto el miércoles al cumplirse el plazo acordado

La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, el Ateneo de Málaga, la Sociedad Económica de Amigos del País y el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales (IEUS) han solicitado que el próximo 16 de septiembre se proceda al desmontaje de las esculturas instaladas en la entrada del puerto, «en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Autoridad Portuaria».

Así lo han expresado en un comunicado conjunto, en el que señalan que «cualquier decisión posterior sobre las obras o sobre una nueva ubicación deberá adoptarse por el órgano competente, mediante el procedimiento correspondiente y con la debida motivación y transparencia».

Al respecto, han recordado que este próximo miércoles «vence el plazo autorizado para la permanencia de las grandes», después de que el Consejo de Administración del puerto aprobara el 6 de marzo su instalación durante seis meses «sin posibilidad de prórroga», acuerdo que contó con el apoyo de los representantes municipales.

Desde el inicio de esta controversia, estas instituciones han criticado «el escaso respeto a las normas y criterios de protección de la ciudad histórica, su paisaje urbano y su patrimonio, así como la inhibición de las administraciones ante nuestros sucesivos requerimientos».

También han recordado que el alcalde, Francisco de la Torre, «sostuvo entonces que el Ayuntamiento carecía prácticamente de capacidad de intervención por tratarse del recinto portuario» y han considerado que «resulta por ello difícil de entender que ahora, ante la presentación de unas supuestas 12.000 firmas y la propuesta del escultor de donar las obras al Ayuntamiento, el regidor modifique su posición».

«La posible aceptación de la donación es una cuestión distinta de su permanencia en el dominio público portuario. El acuerdo vigente establece una fecha y una condición inequívocas: seis meses sin posibilidad de prórroga», han incidido.

Así, han señalado que «el cumplimiento de los acuerdos y de los procedimientos establecidos constituye una exigencia elemental de un Estado democrático de Derecho. Las decisiones sobre el espacio público no pueden quedar a expensas de ocurrencias improvisadas o cambios de criterio de última hora».