Con Málaga pide remunicipalizar la ayuda a domicilio para mejorar las condiciones laborales
La portavoz adjunta Toni Morillas reclama que la empresa municipal asuma el servicio, que según ella el Ayuntamiento licitó en 2023 por 127 millones en ocho lotes.
Con Málaga ha pedido que el servicio de ayuda a domicilio a personas mayores y dependientes de la capital vuelva a manos municipales. Lo ha planteado este miércoles la portavoz adjunta del grupo, Toni Morillas, en la conmemoración del Día Mundial por el Trabajo Decente convocada por CCOO y UGT, donde ha defendido la remunicipalización como «única manera de garantizar condiciones laborales dignas» y «un servicio de atención de calidad».
La propuesta es que el servicio pase a la empresa municipal y que esta «integre a las trabajadoras de ayuda a domicilio». «Cuando hablamos de un servicio esencial como es el de garantizar el derecho al cuidado de las personas mayores y de las personas dependientes, tiene que ser un servicio que se garantice desde el sector público», ha sostenido.
El contrato de 2023
Según Morillas, el Ayuntamiento sacó a licitación la ayuda a domicilio en 2023 por 127 millones de euros, en ocho lotes que se reparten «grandes empresas, muchas de ellas dedicadas también al sector de la construcción». Ha citado entre ellas «OHL, Atende, Florentino Pérez». A su juicio, esos «grandes conglomerados de la construcción» que «copan el sector» empeoran «tanto el servicio como las condiciones laborales».
La portavoz ha descrito la plantilla como un colectivo «fuertemente feminizado y fuertemente precarizado», cuyas trabajadoras «en muchas ocasiones ni siquiera alcanzan al salario mínimo interprofesional». «No puede ser que haya muchas trabajadoras a las que ni siquiera se les contabiliza el tiempo de desplazamiento en su jornada laboral», ha añadido.
La financiación estatal
Morillas ha vinculado su petición al nuevo marco de financiación de la dependencia aprobado por el Gobierno central, que, según ha dicho, «va a suponer un incremento importante de la financiación a las comunidades autónomas». Ese dinero, ha defendido, debe traducirse «en mejora de los servicios de cuidado, en mejora de las condiciones laborales y en garantizar un servicio público de ayuda a domicilio».
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