El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha explicado este viernes que defenderá en el próximo Pleno de la Diputación una moción relativa a “la ampliación de recursos y agilización de la valoración de la discapacidad y dependencia en la provincia de Málaga” en la que critica el “colapso de la dependencia” en la provincia y exige “un plan de choque urgente”.
En concreto, ha señalado que es una iniciativa “que va al corazón de los derechos sociales de nuestra provincia, la situación de desamparo y colapso estructural que sufre el sistema de dependencia y los Centros de Valoración y Orienteción en Málaga”.
Márquez ha apuntado que “no hablamos de cifras en un papel, hablamos de la llave burocrática que miles de familias necesitan para que un niño tenga adaptación escolar, para acceder a una plaza de residencia o para recibir ayuda a domicilio. La realidad de nuestra provincia es insostenible. El tiempo medio de espera real para obtener una resolución en Málaga roza ya los 500 días de media. Año y medio de angustia con consecuencias trágicas”.
“Solo el año pasado, cerca de 7.000 personas fallecieron en Andalucía esperando en la lista de la dependencia. El 80% de ellas murieron sin que la Junta de Andalucía hubiese ido tan siquiera a valorarla a sus casas”, ha recordado en un comunicado Márquez.
Asimismo, el diputado de Con Málaga ha reclamado que “no se culpe los profesionales de los centros de valoración” y que “se mire la evolución matemática en Málaga desde 2019”, al tiempo que ha resaltado que “la demanda de solicitantes se ha disparado un 38%, pasando de 40.000 a 55.000 personas”.
“¿Saben cuánto ha aumentado la plantilla pública para resolver esta marea? Un 0%. Siguen los mismos 70 profesionales que en 2019, soportando una ratio salvaje de 785 expedientes por profesional”, ha apostillado.
También Márquez ha criticado que “ante esto, el Partido Popular de Juanma Moreno siempre recurre al mismo contexto: la falta de financiación de Gobierno central, algo que se desmonta si acudimos a los datos oficiales de la propia Administración Autonómica, ya que la transferencia del Estado a Andalucía para dependencia se ha triplicado desde 2018, alcanzando los 768 millones de euros. El dinero llega a Sevilla, pero el PP prefiere guardarlo en el cajón”.
En este sentido, el diputado provincial de Con Málaga ha señalado que “la Agencia de Dependencia Andaluza ha dejado sin ejecutar casi 400 millones de los últimos cuatro años. Es más, en el último ejercicio presupuestario dejaron 81,5 millones de euros en el cajón sin gastar mientras las familias malagueñas se ahogan económicamente y las personas dependientes fallecían esperando”.
A su juicio, “esto evidencia una estrategia ideológica, asfixiar el sistema público para justificar un modelo low-cost de cuidados y desviar el negocio a las grandes contratas privadas”.
Por todo ello, la moción presentado por Con Málaga plantea en sus acuerdos reclamar a la Junta “un refuerzo estructural y urgente del sistema público de valoración y atención a la dependencia en Málaga, así como exigir la cobertura inmediata de todas las vacantes del Centro de Valoración y Orientación, la incorporación estable de personal médico, psicológico, administrativo y de trabajo social, y la duplicación de los equipos de valoración para adecuarlos a la demanda prevista para 2026”.
Además, se solicita un “plan de choque extraordinario financiado con fondos inejecutados, con el objetivo vinculante de eliminar el atasco de expedientes y garantizar que los tiempos de resolución no superen los seis meses que marca la ley”.
Asimismo, en la moción se insta a “paralizar el modelo de externalizaciones y la precarización de la ‘plantilla B’, avanzando hacia una gestión pública directa que asegure empleo estable y condiciones laborales dignas”.
También se reclama la publicación transparente de datos auditados y desglosados por comarcas sobre expedientes pendientes y tiempos reales de espera. Finalmente, se acuerda trasladar estas demandas a la Presidencia de la Junta, a la Consejería competente, a los grupos parlamentarios, a los sindicatos y a las entidades sociales vinculadas a la dependencia y la discapacidad.
