Con Málaga anuncia que «exigirá amparo» al Defensor del Pueblo Andaluz para familias en emergencia habitacional

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, acompañada de integrantes del colectivo Un Techo por Derecho, ha ofrecido una rueda de prensa para criticar «la situación de absoluta vulnerabilidad en la que se siguen encontrando mujeres que no fueron agraciadas en el sorteo de las 84 viviendas que se realizó la semana pasada».

Morillas ha subrayado que «estamos hablando de que la situación de emergencia habitacional que vive nuestra ciudad ya es absolutamente insostenible».

«Hay mujeres víctimas de violencia machista que no están siendo protegidas, a las que no se les está dando acceso a un recurso habitacional. Hablamos de familias monomarentales con niños y con niñas a cargo, con niños y niñas que deben de ser especialmente protegidos por la Administración Pública, a las que no se les está dando una solución habitacional», ha advertido.

La portavoz adjunta de Con Málaga ha criticado que «estas mujeres están durante días en una pensión sin tener una alternativa digna por parte del Ayuntamiento de Málaga. La situación es absolutamente insostenible. Los poderes públicos y en particular el Ayuntamiento de Málaga tienen la obligación de proteger a todas las personas y de manera especial a las familias con niños y niñas a cargo y a las víctimas de violencia machista».

Así, ha anunciado que van a presentar «una denuncia ante el Defensor del Pueblo Andaluz por parte del Grupo Municipal Con Málaga, y del colectivo Un Techo por Derecho, para denunciar estas situaciones para exigirle amparo al Defensor del Pueblo Andaluz y que interceda ante el Ayuntamiento para que se les brinde, de manera urgente una alternativa habitacional».

Morillas ha incidido en que «los niños y las niñas no tienen que soportar el trauma de un desahucio, no pueden estar en una pensión pensando si mañana van a ser expulsadas y van a quedarse en la puñetera calle. No puede ser que esto ocurra cuando la Ley Integral contra la Violencia de Género del año 2004 establece, de manera taxativa, que las mujeres víctimas de violencias machistas y sus hijos, que también son víctimas de violencias machistas, son un colectivo preferente ante el cual las administraciones tienen que proveerles de una vivienda digna y de una solución habitacional».

Por tanto, ha continuado, «no puede ser que en la ciudad de Málaga tengamos casos, como la situación de Sanae y de otras muchísimas mujeres, que aun teniendo una orden de protección en vigor, llevan siete años tocando a las puertas del Instituto Municipal de la Vivienda sin que se les brinde una solución y estando con un desahucio fechado en el mes de diciembre».

Morillas ha recordado que «la semana pasada pudimos ver cómo se anunciaba con luces de neón el sorteo de 84 viviendas protegidas por parte del Ayuntamiento de Málaga. Ha habido 3.900 solicitudes. Es decir, un 98% de las personas inscritas en el registro municipal de demandantes de vivienda que han presentado una solicitud para acceder a esa vivienda pública han sido excluidas. Un 98% de personas que hoy no tienen garantizado el derecho a la vivienda».

También ha instado al Ayuntamiento a que «tome partido y lo haga por las familias que tienen riesgo de desahucio. Es fundamental manera automatizada a las personas, a las familias con niños y niñas a cargo, a las víctimas de violencia machista, se les dé una solución en el mismo momento en el que tienen el problema. Este Ayuntamiento gestiona un presupuesto de más de mil millones de euros y tiene capacidad económica de hacerlo».

«Lo único que se necesita este Ayuntamiento es valentía, es determinación política para poner en marcha esa red de alojamientos públicos y aplicar también otras herramientas. En nuestra ciudad hay miles de viviendas vacías de grandes tenedores que están especulando con ellas. Debe poner en marcha un registro municipal de viviendas vacías y herramientas como el tanteo y retracto o la expropiación de manera que todas esas viviendas puedan ser convertidas en alquileres sociales que permitan ampliar, de una manera sustancial, el parque de viviendas sociales que tiene disponible el Ayuntamiento de Málaga para responder ante las graves situaciones de emergencia habitacional», ha sentenciado.

Por su parte, Rosa Galindo, portavoz del colectivo Un Techo por Derecho, ha criticado que «lo que están ejerciendo las instituciones hacia estas familias es una violencia institucional de libro».

«Tenemos situaciones de mujeres que fueron víctimas de un desahucio y que ahora están durmiendo con sus hijos y sus hijas en hostales o, incluso están durmiendo en caravanas con su hijo y su hija en descampado porque no encuentran ni siquiera un alquiler accesible para poder hacer su vida».

Galindo se ha reiterado en que «esta violencia institucional que está ejerciendo el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía tiene que acabar de inmediato. El tema es que es muy claro o estás a favor de los especuladores o estás a favor de la vecina y los vecinos», ha concluido.