El PP y VOX llevan al pleno de la Diputación la crisis del tren; el PSOE y Con Málaga, las cuentas de la Junta
El PP pide una auditoría independiente del sistema ferroviario; el PSOE, revisar los 842 millones previstos para Málaga en 2027, y Con Málaga, que la Junta cumpla la ley de la Patrica
Los grupos del PP y de VOX llevarán al pleno de la Diputación de Málaga sendas mociones sobre la «crisis ferroviaria», la seguridad de la alta velocidad entre Andalucía y Madrid y el estado del Cercanías. El PSOE pedirá revisar los presupuestos de la Junta para 2027 en la provincia, y Con Málaga, que la Junta cumpla íntegramente la ley de la Patrica, la que regula la participación de los ayuntamientos en los tributos de la comunidad autónoma.
Las mociones del PP sobre el tren, del PSOE sobre los presupuestos y de Con Málaga sobre la Patrica van como urgentes. En el mismo pleno se debatirán también una moción del PP sobre seguridad ciudadana y otra del PSOE en defensa de las pensiones.
Una auditoría y una fecha para la alta velocidad
El portavoz provincial del PP, Cristóbal Ortega, ha sostenido que «tras ocho años de gobierno de Sánchez» el ferrocarril sufre un «deterioro del servicio», incidencias casi diarias, problemas de mantenimiento y «la pérdida de confianza de los viajeros». Ha recordado los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) y ha advertido de que «a día de hoy no disponemos de una fecha certera para restablecer el servicio».
La moción del PP pide garantizar la seguridad de toda la red, una auditoría integral, independiente y transparente del sistema ferroviario y el restablecimiento de la alta velocidad entre Málaga y Madrid «tan pronto como exista plena garantía de seguridad». Reclama también un plan urgente para recuperar la fiabilidad del Cercanías, cuyo deterioro sitúa Ortega en las líneas C-1 y C-2. El portavoz ha pedido además ayudas o planes específicos para los sectores económicos perjudicados y responsabilidades por «los resultados de la gestión ferroviaria».
VOX centra su moción en la C-1, entre Málaga y Fuengirola. Su portavoz, Antonio Luna, ha afirmado que «la negligencia del Gobierno de España» ha convertido esa línea «en una lotería» y que cada viajero que deja el tren «acaba en la autovía, que ya está colapsada». El grupo propone un plan urgente para la C-1, duplicar por completo su vía única, adelantar en lo posible la entrega de los trenes de gran capacidad previstos y fijar «una fecha cierta» para reabrir la alta velocidad Madrid-Andalucía.
Agentes para el plan de la Costa del Sol
La segunda moción del PP, presentada por el vicepresidente de la Diputación Manuel Marmolejo, trata del refuerzo de la seguridad ciudadana y de la lucha contra el narcotráfico. Pide al Gobierno que concrete «cuántos agentes adicionales van a aportar al plan de la Costa del Sol, dónde se van a desplegar, con qué medios cuentan y durante cuánto tiempo» y qué inversiones hará, además de reforzar las plantillas y recuperar el grupo Ocon-Sur. «La seguridad de los malagueños no puede depender de anuncios, promesas o refuerzos temporales», ha dicho Marmolejo.
Los 842 millones de la Junta y la Patrica
El portavoz socialista, Josele González, ha presentado una moción que rechaza los presupuestos andaluces de 2027 y pide «revisar y modificar» las cuentas. Según el PSOE, Málaga «vuelve a ser la penúltima provincia andaluza en inversión por habitante», y el grupo cuestiona si los 842 millones previstos para la provincia «responden a las necesidades» de los malagueños y qué garantías hay de que se ejecuten. González ha hablado de «distancia entre compromisos y cumplimiento» en educación o en proyectos como el nuevo hospital y la ampliación del metro, y ha considerado insuficiente el esfuerzo propio de la Junta en vivienda.
El PSOE lleva además una moción, presentada por la diputada Antonia García, en defensa del sistema público de pensiones, de su revalorización conforme al IPC y del «blindaje» constitucional del poder adquisitivo de los pensionistas.
Con Málaga, por su parte, pide que la Junta cumpla «de manera inmediata e íntegra» la Ley 6/2010, de 11 de junio, que regula la Patrica. Según su portavoz, Juan Márquez, eso supone elevar la dotación global «por encima del suelo legal de los 600 millones de euros» y actualizarla cada año conforme a la evolución de los ingresos tributarios de la comunidad desde 2014. La moción reclama también una comisión técnica para liquidar la deuda de la Patrica y que esas transferencias mantengan su carácter incondicionado.
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