Con Málaga exige suspender el «régimen sancionador» de la Zona de Bajas Emisiones tras la sentencia del TSJA

MÁLAGA 1 Oct. –

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha reclamado al equipo de Gobierno del PP que suspenda «de inmediato el régimen sancionador» de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y proceda a modificar la ordenanza después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya anulado la regulación de acceso a la ZBE de Málaga al considerar que la diferenciación entre vehículos domiciliados en Málaga y los no domiciliados es discriminatoria.

Según ha recogido la formación en una nota, Morillas ha criticado que «pese a la situación judicial y las dudas planteadas sobre la regulación», el Ayuntamiento ha continuado tramitando miles de denuncias, hasta alcanzar las 46.562 denuncias o propuestas de sanción vinculadas a la ZBE desde diciembre de 2025, «según las sucesivas respuestas oficiales del Área de Seguridad a preguntas formuladas por nuestro grupo municipal», ha añadido.

La edil ha señalado que «en concreto, hablamos de 11.712 denuncias correspondientes a diciembre de 2025 y enero de 2026, 6.213 del 1 al 28 de diciembre y 5.499 del 29 de diciembre al 1 de febrero». Posteriormente, entre febrero y mayo de 2026, se registraron 23.745 denuncias remitidas a Gestrisam para su tramitación. A esta cifra hay que sumarle ahora otras 11.105 propuestas de sanción correspondientes al periodo de junio y julio de 2026, según la última respuesta oficial firmada por el concejal delegado de Seguridad, ha indicado Morillas.

Según ha expuesto la portavoz adjunta de Con Málaga, son 46.562 denuncias en apenas ocho meses. A su juicio, estos datos demuestran que el Ayuntamiento ha puesto mucho más empeño en sancionar que en construir una alternativa de movilidad sostenible.

Además, Morillas ha recriminado que una Zona de Bajas Emisiones no puede convertirse en «una máquina de multas mientras siguen sin existir las condiciones necesarias para que miles de trabajadores puedan dejar el coche y utilizar alternativas eficaces».

Asimismo, ha señalado que «es especialmente grave que el equipo de Gobierno municipal mantenga el régimen sancionador después de la sentencia del TSJA, cuando la resolución judicial ha cuestionado precisamente uno de los elementos centrales de la regulación municipal. Lo razonable y lo responsable es suspender las sanciones, dejar de generar inseguridad jurídica y abrir inmediatamente un proceso de modificación de la ordenanza».

La portavoz adjunta ha afirmado que la Zona de Bajas Emisiones se ha puesto en marcha «sin haber desplegado previamente las infraestructuras que deberían permitir que la ciudadanía tenga alternativas reales al vehículo privado».

«Desde nuestro grupo venimos reclamando la creación de los aparcamientos disuasorios comprometidos por el equipo de Gobierno, así como el refuerzo de la red de transporte público. De las 5.000 plazas comprometidas por De la Torre, a día de hoy, no existe operativa y tampoco se ha producido el refuerzo suficiente de la red de transporte público», ha puesto de manifiesto.

Morillas ha subrayado que «la movilidad sostenible no se decreta, y mucho menos se construye a golpe de multa. Primero hay que ofrecer alternativas y después establecer restricciones. Lo que ha hecho el PP es sancionar primero y planificar después».

En este sentido, la portavoz adjunta ha señalado que desde su formación no cuestionan la necesidad de reducir las emisiones contaminantes ni de disminuir el uso del vehículo privado, «sino la forma en la que el Ayuntamiento ha implantado la ZBE».

Por ello, «lo que necesitamos es una política de movilidad que reduzca las emisiones, pero que sea socialmente justa, que no penalice a quienes tienen menos recursos y que garantice alternativas eficaces para desplazarse», ha exigido.

Así, Morillas ha vuelto a reclamar que «se pongan en marcha aparcamientos disuasorios conectados con el transporte público, un refuerzo de la EMT y del transporte metropolitano, caminos peatonales seguros y medidas específicas para colectivos afectados, entre ellos la comunidad universitaria del Campus de El Ejido, incluido dentro del perímetro de la Zona de Bajas Emisiones».

Además, la edil también ha exigido que el Ayuntamiento explique públicamente «qué destino está dando a los recursos derivados de las sanciones y que, en ningún caso, la Zona de Bajas Emisiones se utilice como una vía de financiación municipal».

«El propósito de una Zona de Bajas Emisiones debe ser reducir la contaminación, no recaudar. Cuando se acumulan 46.562 denuncias en ocho meses, mientras siguen sin ejecutarse las alternativas de movilidad comprometidas, es legítimo preguntarse si el equipo de Gobierno municipal la está utilizando con un afán recaudatorio», ha trasladado.

Por último, Morillas ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, que «deje de defender una Zona de Bajas Emisiones fallida. Debe suspender inmediatamente el régimen sancionador y sentarse con los grupos políticos, los trabajadores, los vecinos, las organizaciones sociales y los colectivos afectados para diseñar una nueva regulación», ha manifestado.

A su juicio, Málaga necesita una Zona de Bajas Emisiones «que sirva para mejorar la calidad del aire y combatir el cambio climático, pero que sea legal, justa y eficaz». «Lo que no podemos aceptar es que el PP pretenda solucionar los problemas de movilidad de la ciudad a golpe de multa mientras continúa sin poner en marcha las alternativas que llevan años prometiendo», ha zanjado.

MODERNIZACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DE PLAYAS

Por otro lado, Toni Morillas ha criticado que vuelva a haber cuatro playas de la capital; San Andrés, Sacaba, Misericordia y la zona del Campo de Golf, contaminadas con la bacteria E. coli debido a la falta de separación de aguas pluviales de las aguas fecales en la ciudad de Málaga.

En este sentido, la portavoz adjunta de Con Málaga ha insistido en que a día de hoy «se sigue sin saber dónde se han destinado los 169 millones de euros que Emasa transfirió al ayuntamiento de Málaga que deberían de haberse invertido en la mejora de las infraestructuras de la red de saneamiento que «a la vista de cómo está, que no se ha producido».

Además, Morillas se ha referido que se ha dado a conocer que se ha detectado bacteria E. Coli en cuatro playas de la capital» y ha señalado que la concejal de Medio Ambiente, Penélope Gómez Jiménez, «en el pasado pleno hizo unas declaraciones sorprendentes diciendo que la bacteria E. coli no te hace enfermar». «Esto, aparte de ser una perogrullada, es extraordinariamente grave», ha afeado.

Al hilo, ha reclamado al equipo de gobierno del Ayuntamiento que haga inversiones necesarias para modernizar la red de saneamiento de las playas, ya que, según ha expuesto, tras 30 años de gobierno del Partido Popular, «las redes de saneamiento en la ciudad de Málaga siguen sin separar las aguas pluviales de las aguas fecales, lo que produce que, a la mínima lluvia que haya, se produzcan vertidos de aguas fecales al mar, produciendo que haya playas afectadas, que se prolifere la bacteria E. coli y que, por tanto, se produzca el cierre de estas playas».

Igualmente, Morillas ha continuado insistiendo que es necesario realizar esa investigación en Emasa para conocer a dónde se han destinado esos 169 millones de euros que Emasa transfirió en concepto de pago al Ayuntamiento de Málaga que deberían haberse invertido en infraestructuras de la red de saneamiento y que, a la vista de cómo está, que no se ha producido. «La gestión en materia de aguas por parte del Partido Popular es absolutamente negligente porque, en cuanto caen cuatro gotas, vivimos situaciones como las que, de nuevo esta semana, volvemos a vivir con cuatro playas afectadas por la bacteria E. coli», ha reprochado la portavoz.