Con Málaga exige un plan de movilidad laboral y supeditar la ZBE a los aparcamientos disuasorios

La portavoz adjunta de Con Málaga en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, ha exigido la puesta en marcha de un Plan de Movilidad Laboral Municipal que «fortalezca la red de transporte público» y permita «reducir la carga económica que los trabajadores desembolsan diariamente para desplazarse a su centro de trabajo». La petición llega en plena Semana Europea de la Movilidad, que Málaga afronta, ha criticado, «sin disponer de un Plan de Movilidad Laboral».

Las cifras con las que el grupo sostiene la reclamación proceden de un informe sobre movilidad laboral que CCOO de Málaga presentó el pasado jueves. Morillas ha subrayado que los trabajadores dedican «el quince por ciento de su salario a los desplazamientos laborales» y ha situado ese gasto, con los datos del sindicato, en hasta 650 euros al mes para un trabajador desplazado a Marbella o Antequera y en 200 si el trayecto se hace desde Torremolinos. La edil ha relacionado esas distancias con «la expulsión de malagueños de su ciudad por no poder asumir el coste prohibitivo de la vivienda» y ha recordado que el 82 por ciento del empleo de la provincia se genera en la capital y en los municipios de la Costa del Sol.

El grueso de la propuesta apunta a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Morillas ha pedido suspender su aplicación «hasta que no se pongan en marcha las 5.000 plazas de aparcamientos disuasorios que fueron comprometidas por el equipo de Gobierno», de las que, ha sostenido, no se ha puesto en marcha «ni una sola». A su juicio, haber implantado la zona sin esos aparcamientos y sin una red metropolitana y provincial que sea «una alternativa real al uso del vehículo privado» ha generado una situación «absolutamente insostenible» para «miles de trabajadores y trabajadoras expulsados de nuestra ciudad».

La edil ha reprochado además que «el Ayuntamiento sigue sin aclarar cómo va a ejecutar la sentencia relativa a la Zona de Bajas Emisiones», un asunto que, ha dicho, su grupo ha planteado «por activa y por pasiva» encontrando «el rechazo por parte del equipo de gobierno del Partido Popular».

El plan que reclama Con Málaga incluye, junto a esa suspensión temporal, supeditar la aplicación de la ZBE a la apertura de aparcamientos disuasorios «en todos los accesos de la ciudad» conectados con el transporte público, y un plan de inversiones calendarizado de todas las instituciones con competencia en la materia. Mientras la red mejora, ha pedido un Bono Municipal de Ayuda Económica al Transporte que permita «mitigar el enorme coste que asumen diariamente los trabajadores».

Otra parte de las peticiones se dirige a administraciones distintas de la municipal. Morillas ha reclamado que el transporte metropolitano y provincial tenga «un horario y una frecuencia adecuada», lo que pasa, a su juicio, por «intervenir en el Consorcio de Transporte Metropolitano de la Junta de Andalucía» y por ampliar la red de Metro de Málaga y la de Cercanías.

El PP de Málaga ha recurrido también a ese informe, con otro destinatario. El coordinador general del partido en la provincia, Cristóbal Ortega, ha cifrado en el equivalente a más de 18 jornadas laborales al año el tiempo que los malagueños dedican a ir y volver del trabajo, un cálculo del dirigente a partir del tiempo medio de desplazamiento que recoge CCOO, y ha atribuido al Gobierno central el «colapso» de la movilidad en la provincia por su «falta de inversión». Las dos formaciones coinciden en la fuente y en el diagnóstico del coste, y difieren en a quién se lo reclaman: Con Málaga concentra su exigencia en el Ayuntamiento; el PP, en el Ejecutivo estatal.