La adquisición por parte del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) del bloque de viviendas protegidas de Soliva debe realizarse, según Con Málaga, con “todas las garantías jurídicas, la máxima transparencia y la protección tanto del patrimonio público como de los derechos de las familias residentes”.
Con ese objetivo, según ha señalado la formación en un comunicado, el portavoz del Grupo Municipal Con Málaga (Podemos e Izquierda Unida), Nico Sguiglia, ha registrado una moción para el próximo Pleno del Ayuntamiento y, de forma paralela, ha presentado escritos dirigidos a la Alcaldía, la Secretaría General y la Intervención General solicitando que se ejecuten los informes acordados por el Pleno antes de formalizar la operación.
La iniciativa plantea tres medidas concretas: la elaboración previa de informes jurídicos y técnicos sobre el posible incumplimiento por parte de La Caixa del pliego de adjudicación del suelo municipal; la apertura de una vía estable de información y diálogo entre el IMV y las familias residentes; y la realización de una auditoría técnica integral del edificio acompañada de un plan de inversiones.
Sguiglia ha señalado así que la parcela fue adjudicada para una finalidad específica: la construcción de vivienda protegida en régimen de alquiler y el mantenimiento de su función social durante un periodo prolongado; y considera imprescindible determinar si la entidad adjudicataria cumplió íntegramente las obligaciones asumidas cuando recibió el suelo público.
“Defendemos que estas viviendas pasen a formar parte del parque público municipal, pero el Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado si existen indicios de que la empresa adjudicataria pudo incumplir las condiciones que justificaron la cesión de un suelo que era de todos los malagueños y malagueñas. Lo responsable es aclararlo antes de pagar con dinero público”, ha afirmado el portavoz de Con Málaga.
En los escritos registrados ante la Alcaldía, la Secretaría General y la Intervención Municipal, la formación solicita expresamente que los informes se emitan antes de que el IMV formalice definitivamente la compra, al entender que el Ayuntamiento tiene el deber de comprobar previamente si la entidad adjudicataria cumplió las obligaciones derivadas de la cesión de un suelo público destinado a vivienda protegida y si existen consecuencias jurídicas, patrimoniales o económicas que deban ser tenidas en cuenta antes de destinar fondos públicos a la operación.
El portavoz ha subrayado además que fue el propio Pleno municipal el que aprobó en marzo de 2026 la elaboración de estos informes y que, hasta la fecha, no consta que dichos trabajos hayan concluido. “No estamos pidiendo nada extraordinario; estamos exigiendo que el Ayuntamiento cumpla un acuerdo aprobado por el Pleno. Si existen posibles incumplimientos del pliego, deben investigarse antes de culminar la adquisición. Defender el patrimonio público significa actuar con rigor y no renunciar a ninguna de las acciones que puedan corresponder al Ayuntamiento si se acreditan incumplimientos”, ha señalado.
La moción también ha puesto el foco en la situación de los vecinos y vecinas del edificio, quienes, según Con Málaga, continúan sin disponer de información suficiente sobre aspectos esenciales del proceso de adquisición. La formación propone que el IMV convoque de manera inmediata una reunión con las familias y establezca un canal permanente de comunicación para informar sobre los plazos de la operación, el futuro de los contratos de alquiler, la política de rentas y las garantías de estabilidad residencial.
El concejal ha destacado el derecho de las familias a no vivir en un estado de incertidumbre. “Tienen derecho a conocer los plazos de la operación, qué ocurrirá con sus contratos, cuál será la política de alquileres del IMV y qué garantías tendrán cuando el edificio pase a ser gestionado por el Ayuntamiento”. Por este motivo desde Con Málaga han pedido una reunión inmediata y el establecimiento de una vía estable de comunicación entre el Instituto Municipal de la Vivienda y los residentes.
Asimismo, Con Málaga ha reclamado un informe técnico integral sobre el estado de conservación del edificio, las viviendas, las instalaciones y las zonas comunes, que incluya un análisis de las inversiones y actuaciones de mantenimiento realizadas durante la gestión privada y valore la existencia de posibles responsabilidades derivadas de una insuficiente conservación del inmueble.
El portavoz ha concluido apuntando que la recuperación del bloque “no puede limitarse a un cambio de propietario”. En este sentido destaca que esta recuperación tiene que servir para garantizar “viviendas dignas, conocer el estado real del edificio, planificar las inversiones necesarias” y exigir las responsabilidades que correspondan si han existido incumplimientos en estos años. “Esa es la obligación de cualquier administración que quiera defender el interés público”.
