El pleno del Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) correspondiente al mes de julio, que se ha celebrado este jueves, ha dado cuenta del periodo medio de pago a proveedores correspondiente al segundo trimestre del año 2026 y que se sitúa en 13,49 días, un registro nunca alcanzado hasta ahora.
Esta cifra supone una reducción del 94,6% con respecto a los 250 días contabilizados en 2021 y un descenso del 52,6% si se compara con el mismo periodo de hace un año.
Durante el pleno también se ha aprobado la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2025. El informe emitido al respecto por la Intervención Municipal señala que el remanente de tesorería es positivo y asciende a 4.390.219,53 euros.
Por otra parte, el porcentaje de deuda sobre los ingresos liquidados es de un 48,43%, lo que representa un descenso del 16% respecto al 57,70% registrado en la liquidación de 2024 y lejos del 76,67% que se registró hace cinco años.
MOCIONES
Por otro lado, la Corporación municipal de Torremolinos ha aprobado en pleno, con los votos a favor de PP y Vox y el voto en contra de PSOE e IU-Podemos, una moción declarativa presentada por el Partido Popular en relación a la defensa de los establecimientos y empresarios de playa, la seguridad jurídica del litoral y el apoyo a los municipios costeros.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha impulsado una modificación del Reglamento General de Costas, alegando la necesidad de atender el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea sobre el régimen de concesiones en el dominio público marítimo-terrestre.
En este sentido, el portavoz del PP, Luis Rodríguez, ha declarado que “lo ha hecho a pesar de que la documentación facilitada ha sido insuficiente para conocer con claridad el alcance real de los cambios, sus consecuencias jurídicas y su impacto económico, social y competencial sobre los territorios afectados”.
Rodríguez ha hecho referencia a que esta reforma “ha generado una profunda preocupación entre comunidades autónomas, ayuntamientos, empresarios de playa y vecinos, al poder afectar a concesiones vigentes, inversiones realizadas conforme a la normativa actual, expedientes en tramitación y también a actividades económicas consolidadas”.
La moción declarativa aprobada insta al Gobierno de España “a rechazar cualquier modificación de la normativa estatal de costas que se tramite sin diálogo real, sin consenso institucional y sin participación efectiva de las comunidades autónomas, ayuntamientos costeros y sectores empresariales afectados vinculados a la playa”.
También se pide la “paralización inmediata de la tramitación del Proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento General de Costas hasta que se abra un proceso efectivo de cooperación y concertación con las comunidades autónomas con litoral, los municipios y los representantes de los empresarios de playas, incluyendo chiringuitos, hamacas, náutica, servicios de temporada y demás actividades afectadas”.
De igual modo, el texto interpela al Gobierno central a defender la seguridad jurídica, el respeto competencial y la necesidad de que cualquier reforma de la normativa de costas se aborde de forma ordenada, integral y consensuada, así como a defender ante la Comisión Europea una posición territorial cohesionada, “la singularidad del litoral mediterráneo y andaluz, la importancia económica, social, cultural y turística de los establecimientos, servicios y actividades empresariales de playa, la compatibilidad entre protección ambiental, actividad económica sostenible y seguridad jurídica”.
Por último, la moción también solicita la creación de una línea específica de ayudas económicas dirigida a los municipios costeros para financiar la retirada, transporte, tratamiento, valorización o eliminación de algas y arribazones, así como la creación de una estrategia integral de apoyo a los municipios costeros que incluya financiación suficiente para la gestión del litoral, la estabilización y regeneración de playas, la conservación del dominio público marítimo-terrestre, la simplificación administrativa, los servicios de temporada y la mejora de la seguridad, movilidad y accesibilidad en las zonas de playa.
