Con Málaga propone duplicar los recursos del Servicio de Emergencia Social y avanzar hacia municipalización

El grupo municipal Con Málaga llevará a la próxima comisión de Derechos Sociales una moción para «reforzar de manera urgente» la atención a la emergencia habitacional, «ante el previsible aumento de desahucios tras el fin del denominado escudo social el próximo mes de enero».

La moción presentada detalla que este equipo «realizó 948 intervenciones en 2023, de las que más de un centenar estuvieron relacionadas con desalojos, traslados forzosos o situaciones de falta absoluta de alojamiento».

«Todo ello en un contexto con precios del alquiler que han aumentado más del 40 % en los últimos años», por lo que la formación advierte de que «el fin del escudo social agravará esta situación y aumentará la presión sobre los servicios de emergencia municipal».

El portavoz del grupo municipal, Nicolás Sguiglia, ha incidido en «la gravedad» de este contexto: «A partir de enero, cuando se ponga fin al escudo social, la ciudad de Málaga contará con una unidad de emergencia habitacional con apenas cuatro trabajadores. Es un servicio externalizado y claramente insuficiente para atender desahucios, personas en situación de calle o familias que se quedan sin alternativa habitacional».

Sguiglia ha anunciado que Con Málaga propondrá «duplicar la cuantía económica destinada a este servicio, con el objetivo de ampliar la plantilla y garantizar una atención digna y eficaz».

«Lo que proponemos es duplicar la cuantía destinada a este servicio para que pueda duplicarse la plantilla y mejorar su capacidad de respuesta. No podemos tener un presupuesto de más de 1.200 millones de euros y solo cuatro personas intentando ayudar a vecinos y vecinas en situaciones extremas», ha dicho.

La moción también solicita iniciar los estudios necesarios para municipalizar el Servicio de Emergencia Social, «integrándolo dentro del Área de Derechos Sociales como un servicio esencial y permanente».

Al respecto, ha precisado que «no tiene sentido que un servicio tan sensible esté en manos de empresas privadas. La emergencia social y habitacional debe ser estructural, estable y con control público. Nuestra gente en situación de vulnerabilidad merece atención directa, profesional y coordinada».

Asimismo, ha recordado que la externalización del servicio «genera una atención fragmentada, dependiente de licitaciones y vulnerable a interrupciones administrativas». «La municipalización permitiría mejor coordinación, continuidad del servicio, estabilidad laboral, mayor capacidad de planificación y transparencia», ha apostillado.

«Necesitamos más recursos y más derechos para nuestros vecinos y vecinas. No podemos mirar hacia otro lado ante una emergencia habitacional que afecta cada día a familias con menores, personas mayores o trabajadores con ingresos insuficientes para pagar un alquiler disparado», ha concluido Sguiglia.