CEM rechaza el modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), reunida en sesión conjunta de su Comité Ejecutivo y Junta Directiva este martes, ha acordado manifestar su adhesión al comunicado emitido por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) el pasado 17 de julio, en relación con la reforma del modelo de financiación autonómica y la posible concesión de privilegios singulares a territorios.

Así, han precisado que desde la CEM comparten «la profunda preocupación expresada por CEA, junto a otras organizaciones empresariales, ante cualquier intento de romper el principio de igualdad entre territorios, base esencial de la cohesión nacional y del desarrollo equilibrado de las regiones».

Tal como señala la patronal andaluza, «romper la caja común de Hacienda, privilegiando a unas comunidades sobre otras, quiebra la cohesión nacional perjudicando gravemente el desarrollo económico, el bienestar y el progreso de Andalucía».

Al respecto, han añadido que «nuestra organización considera que la creación de mecanismos de financiación singular o bilateral –como los que se han planteado en favor de determinadas comunidades autónomas– supondría un grave retroceso en el principio constitucional de solidaridad, consolidando desequilibrios estructurales entre ciudadanos y el deterioro de la competitividad de las empresas en función de su territorio».

Asimismo, han añadido que quieren sumarse «al llamamiento realizado por CEA en defensa de la equidad y de un modelo de financiación que garantice igualdad de oportunidades para todas las regiones y no profundice en las desigualdades existentes».

En este sentido, han alertado sobre la «pérdida de confianza en las instituciones democráticas» que «puede derivarse de decisiones políticas que favorezcan a una parte de la población en detrimento de otra».

La CEM también ha destacado la «coincidencia con la denuncia de la infrafinanciación y la falta de inversiones estratégicas que sufre Andalucía, especialmente en lo que respecta a infraestructuras clave para la competitividad y vertebración del territorio, como el Corredor Ferroviario Mediterráneo, la red de carreteras o las infraestructuras energéticas».

Por último, han añadido que «como organización empresarial legítimamente reconocida en el marco constitucional, reafirmamos nuestra responsabilidad de defender el interés general de la provincia de Málaga y de Andalucía en su conjunto, haciendo oír nuestra voz ante decisiones que podrían condicionar negativamente el futuro de nuestras empresas, nuestro tejido productivo y el bienestar de nuestra ciudadanía».