Abren diligencias tras denuncia contra anterior responsable de puerto deportivo de Benalmádena

El Juzgado de Instrucción número 2 de Torremolinos (Málaga) ha abierto diligencias tras una denuncia presentada por la empresa pública municipal del puerto deportivo de la localidad malagueña de Benalmádena contra quien fuera su consejera delegada durante el anterior Gobierno municipal del PSOE, Encarnación Cortés.

En concreto, lo hace un presunto delito de prevaricación administrativa en relación con unas obras realizadas en el edificio de Capitanía durante los años 2022 y 2023.

Así, la titular del juzgado ha acordado incoar diligencias previas y reclama un oficio al Grupo Fraudes de la Policía Nacional para que elabore un atestado que permita esclarecer los hechos en torno a los que versa la denuncia.

Una vez que se conozcan los resultados de dicho informe, «se acordarán las diligencias a practicar», según señala el auto judicial, en el que además se reclama la declaración del representante legal del Puerto Deportivo, en calidad de perjudicado, y la declaración como investigada de Encarnación Cortés.

Por otro lado, cabe recordar que la denuncia presentada por los actuales gestores del puerto deportivo señala que en septiembre de 2022, siendo Cortés consejera delegada de dicha entidad, nombrada como tal durante el mandato del PSOE, se firmó un contrato con una empresa para llevar a cabo una obra que consistía en la reforma, adecuación y creación de un cuarto para caja de seguridad en la plata baja de Capitanía.

Así, dicha obra se presupuestó en 36.497,88 euros y unos meses más tarde, en abril de 2023, se firmó con la misma empresa otro contrato para la «mejora de deterioros de las instalaciones y vicios ocultos durante la realización de la adecuación y creación de cuarto para caja de seguridad en planta baja de Capitanía» por un importe de 23.295,73 euros.

La empresa pública tuvo conocimiento de estos contratos por una comunicación recibida en marzo de 2025, por parte de la constructora, reclamando parte de los pagos que aún no habían sido abonados.

En la denuncia se señala que «es evidente que para poder adjudicar a una sola empresa el contrato y eludir controles establecidos para los contratos de obras para esta cuantía se han tenido que cambiar los títulos de dicho contrato, pero en esencia es la misma obra» y añade que los dos contratos «suman un total de 59.793,61 euros (IVA incluido), por lo que supera la cantidad de 30.000 euros, que es la cantidad autorizada según la delegación de facultades que tiene otorgada la consejera delegada, pero es que además supera la cantidad límite de 40.000 euros que establece la Ley para el contrato de obra menor».

Para los actuales gestores de la empresa pública del Puerto Deportivo es por tanto «evidente», según se recoge en la denuncia, que «hubo fraccionamiento de contratos que evitaron un proceso de licitación pública, al que hubieran concurrido otras empresas interesadas en la obra».