VOX presenta demanda contra el Ayuntamiento de Málaga por la Zona de Bajas Emisiones

El grupo municipal VOX Málaga ha presentado una demanda en la sala de lo Contencioso-Administrativo en la que solicita la nulidad de la ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga que aprueba la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

A las puertas de la Ciudad de la Justicia, el portavoz del grupo municipal de VOX, Antonio Alcázar, ha declarado que «las ZBE limitan los derechos fundamentales básicos, como la libertad de circulación de las personas, también de un elemento de segregación social en función del lugar donde vivas o residas en la ciudad».

Por su parte, fuentes del equipo de gobierno han explicado que el procedimiento contencioso-administrativo «se encuentra en su fase inicial» y han incidido en que «a la fecha, no existen medidas judiciales que suspendan los efectos de la ordenanza impugnada, la cual se encuentra en vigor».

El portavoz municipal de VOX ha explicado que también las ZBE «son potencialmente perjudiciales para la actividad económica de la ciudad y de la zona o provincia y tal vez lo más grave se trata de una medida discriminatoria y clasista, dado que discrimina a las personas por o en base a su capacidad económica».

«Lo que está claro que si tienes capacidad para comprar un vehículo eléctrico y además tienes capacidad para residir en el centro de la ciudad no pagas y tienes libertad de entrada y de salida. Sino tiene esa solvencia económica, pagas», ha apostillado.

Así, ha incidido en que esta situación «tiene un efecto grave sobre las personas más humildes, y sobre las clases medias y trabajadoras, ya que son éstos los que se ven obligados al pago de tasas para ejercer su libertad de tránsito, alejando el centro de la ciudad de la actividad económica y del desarrollo personal a quien no pueda permitírselo».

Ha dicho, además, que esto «también lógicamente afecta a los comercios y a las empresas que se verán perjudicadas por dicho cambio en su clientela y obligados a acometer cambios en su actividad por una decisión, no de mercado, sino meramente política».

Para Alcázar, «la imposición de las ZBE es un ataque al Estado de Derecho, a los derechos fundamentales de los ciudadanos y a la democracia» y ha recordado que «las ZBE obedecen a unas políticas impulsadas desde Europa que es la agenda 20/30 cuyo único resultado es el empobrecimiento general de Europa».

«Esta medida tomada por el Ayuntamiento de Málaga tiene un afán recaudatorio, no tiene nada que ver con la salud de los malagueños», ha apostillado.

En este sentido, ha agregado que «se prevé recaudar once millones de euros en multas y así como ingresar otros 25 millones de euros en subvenciones de Bruselas habiéndose gastado ya seis millones sin estar la Ordenanza aprobada».

Por su parte, el vicesecretario judicial VOX, Jesús Ruiz Ballesteros, ha explicado que «la demanda fue admitida el pasado lunes 9 de junio y trasladada al Consistorio en la misma fecha, dando plazo a éste para oponerse a la misma en los siguientes 20 días hábiles».

En concreto, ha precisado que la demanda fue interpuesta por el despacho Ruiz Ballesteros Abogados, y firmada por su socio-director, Jesús Ruiz Ballesteros, acompañando dos informes periciales, uno económico y otro medioambiental.

Para Ruiz Ballesteros, «es importante dejar claro que para aprobar cualquier ordenanza el Ayuntamiento, debe demostrar su necesidad y proporcionalidad, para ello debe existir una Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), que debe incluir los impactos que la ordenanza tendrá en la ciudad y los ciudadanos, tanto de carácter económico, como social y medioambiental».

«Esta MAIN no existe en el expediente de la ordenanza de movilidad que se recurre, por lo que, a juicio del Grupo Municipal VOX, debe ser declarada nula de pleno derecho», ha dicho.

En cuanto al informe económico y presupuestario que se adjunta al expediente, ha precisado que «tan sólo estudia el impacto en los presupuestos del Ayuntamiento: cuánto se va a recaudar en multas y cuánto se dejará de recaudar por que se cobra menos IVTM (impuesto de circulación) a los coches eléctricos, pero nada se dice sobre cuáles serán las consecuencias económicas en los sectores y colectivos afectados, qué ocurrirá con las empresas de la zona de restricciones, con el empleo de los ciudadanos o la competitividad de las pymes».

Por otro lado, ha dicho que «el informe medioambiental, que es una de las partes fundamentales, es totalmente insuficiente, por muchos motivos» y ha puesto como ejemplo «la implantación de ocho cabinas para medir la calidad del aire, de las cuales sólo se pusieron a funcionar seis y para colmo tres están fuera de la Zona de Bajas Emisiones».

Además, ha incidido en que «las mediciones se realizaron tan solo durante cuatro meses (entre diciembre de 2022 y marzo de 2023), lo que es del todo insuficiente para motivar la necesidad de implantar las restricciones que cumplan con unos fines que no están convenientemente justificados tener que alcanzarlos, sobre todo porque los resultados obtenidos demuestran que la calidad del aire en Málaga no supera los límites legales establecidos, por tanto, la implantación no puede tener efecto alguno para reducir unas partículas contaminantes que no existen en Málaga, al menos, no existen en cantidad suficiente que justifique tener que implantar prohibiciones».

Por último, ha destacado que «lo único que motivan los informes es que es contraproducente implantar una Zona de Bajas Emisiones en Málaga, que además no va a suponer rebajar contaminación alguna, y eso sí, para el Ayuntamiento supone recibir subvenciones de Europa por más de tres millones para la implantación y aumentar los ingresos vía sanciones de tráfico a los ciudadanos en casi 12 millones de euros, así como otro medio millón de ingresos para la empresa municipal de transportes (EMT) por el aumento de viajeros».

EQUIPO DE GOBIERNO

Por su parte, fuentes del equipo de gobierno han explicado que tras interponer el grupo municipal VOX el recurso contencioso-administrativo, el Ayuntamiento de Málaga fue emplazado formalmente tras la admisión del recurso.

En cumplimiento de dicho emplazamiento, se realizaron diversas actuaciones como la remisión del expediente administrativo a la sede judicial por parte de la Asesoría Jurídica municipal; la comunicación de haberse personado en el procedimiento; y la publicación del emplazamiento en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo establecido en el artículo 49 de la LJCA (Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en previsión de posibles interesados.

En cuanto a la situación actual han precisado que el trámite actualmente anunciado por el grupo municipal VOX es la formulación de la demanda, en conformidad con lo previsto en el artículo 56 de la LJCA. Así, han añadido que en el expediente no consta que se hayan solicitado medidas cautelares ni cautelarísimas, por lo que la ordenanza continúa plenamente vigente y ejecutiva.

Por último, las citadas fuentes han añadido que el procedimiento contencioso-administrativo se encuentra en su fase inicial, tras la presentación del recurso y la remisión del expediente.

Han añadido que a la fecha no existen medidas judiciales que suspendan los efectos de la ordenanza impugnada, la cual se encuentra en vigor. También indican que el Ayuntamiento estará atento a la remisión de la demanda para, en su caso, formular escrito de contestación en plazo y defender la legalidad del acto impugnado.

Por tanto, han señalado, «lo que VOX ha anunciado es un trámite más dentro de los previstos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y forma parte del curso ordinario de este tipo de recursos», ha concluido.