Desestiman demanda de un trabajador del Ayuntamiento de Benalmádena contra el exalcalde del PSOE

El Juzgado de lo Social número 12 de Málaga ha desestimado íntegramente la demanda presentada por un trabajador del Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) contra el propio Consistorio y contra el exalcalde socialista de la ciudad costasoleña, Víctor Navas, por un supuesto caso de acoso laboral.

La resolución ya ha sido notificada a las partes y según señala la sentencia, a la que ha tenido acceso a Europa Press, esta no es firme ya que excede la cantidad reclamada de 3.000 euros, y por tanto contra ella cabe interponer recurso de suplicación.

Cabe recordar que las demandas del trabajador eran, por un lado en reclamación de una indemnización de daños y prejuicios «derivados de la falta del deber de prevención del riesgo laboral», y por otro lado por «un acoso de carácter laboral –desde el año 2016– con el único objeto de que abandone su puesto en el Ayuntamiento de Benalmádena». El demandante reclamaba una indemnización de más de 95.000 euros.

El juez considera de una «amplísima redacción» la demanda, a la vez que la califica de «confusa»; y al respecto señala: «No es posible la condena a una indemnización por daños y prejuicios sobre el solo incumplimiento por el empresario de la normativa en materia de riesgos laborales, si no se acredita que dichos incumplimientos, en efecto, han causado un daño efectivo al trabajador y se prueba la relación de casualidad entre el incumplimiento normativo y los daños causados».

Y aclara: «Si los incumplimientos en esta materia no han generado ningún daño a ningún trabajador, podría denunciarse el incumplimiento en la vía administrativa o ante la Inspección de Trabajo, pero no habrá lugar a reclamar ante esta jurisdicción social indemnización alguna a favor del trabajador, cuando dicho incumplimiento no le ha causado ningún daño físico, mental o moral».

La sentencia señala que «no han quedado probados estos incumplimientos del Ayuntamiento de Benalmádena en materia de prevención de riesgos laborales (a lo que el demandante ha dedicado gran parte de sus alegaciones rectoras)»; y, por otro lado, estima que el Ayuntamiento ha acreditado la existencia de planes de evaluación de riesgos tanto internos como de una empresa externa, la existencia de una técnico en prevención de riesgos laborales y el propio funcionamiento de los órganos de la Administración en esta materia.

En cuanto al acoso laboral o ‘mobbing vertical’, el juez considera que «no se han acreditado esas notas de sistematicidad, reiteración, frecuencia y gravedad de sus superiores jerárquicos que caracterizan este hostigamiento del trabajador constitutivo de acoso».

La sentencia recoge que tras la celebración del juicio los comportamientos de acoso se redujeron a tres (traslado forzoso, encomienda de trabajos peyorativos, incumplimiento del deber de ocupación efectiva o actitudes de aislamiento por parte de los presuntos acosadores).

Y a continuación concreta: «De la amplia prueba practicada, llego a la conclusión de que aún reflejando los tres citados hechos la conflictividad laboral subyacente […], los hechos declarados probados no revisten ni la reiteración ni la gravedad necesarias como para hablar de acoso laboral; no pudiendo olvidarse que, sin llegar a constituir acoso en efecto, existen otras situaciones que, aún derivadas del mal ejercicio o ejercicio arbitrario del poder directivo empresarial, no pueden ser calificadas como tal acoso».

Y a renglón seguido añade: «Muy frecuentemente, como parece suceder en este caso, ello en conexión con razones políticas derivadas de cambios en las corporaciones municipales, pues, como han admitido todas las partes, desde la entrada de la última corporación en 2023, los problemas laborales del demandante han quedado solucionados».

La sentencia recoge como el juez ha coincidido con la comisión de acoso laboral constituida por el Ayuntamiento de Benalmádena «en el sentido de entender que nos encontramos ante una situación de conflicto laboral, pero cuya etiología u origen no pueden atribuirse a los comportamientos o actos de los superiores jerárquicos demandados en este proceso, con clara intencionalidad de conseguir el perjuicio moral o psicológico del trabajador».

EN RELACIÓN AL EXALCALDE

En cuanto al demandado exalcalde socialista, Víctor Navas, la sentencia recoge que «ninguna prueba concreta se ha practicado que permita considerarle responsable, ni de lejos, del acoso denunciado, más que si acaso, el que no haya recibido al trabajador demandandte tantas veces como éste hubiera queridos».

Y añade: «El que el trabajador le dirigiera multitud de escritos al alcalde, como responsable último, nada prueba de que éste fuera un acosador laboral, ni se han acreditado instrucciones o directrices por parte de Víctor Navas a fin de perjudicar intencionada y dolosamente al demandante, como el acoso laboral requiere».

En declaraciones a Europa Press, Navas ha dicho: «Habría que preguntarse por qué alguien que es trabajador municipal y decía sentirse acosado no tenía a los sindicatos de su parte. Y también había que preguntarse porqué la comisión de acoso laboral del Ayuntamiento de Benalmádena se cerró alegando que no había indicios de acoso».

Navas, que actualmente es concejal portavoz del grupo municipal socialista en la oposición, señala: «Desde el principio hubo una motivación política, orquestada por el PP de Benalmádena, cuyo demandante era un activista del PP contra un alcalde del PSOE».

«Antes de celebrarse la vista, yo ya había sido condenado por el PP de Benalmádena y sus afines. Afortunadamente la justicia a puesto las cosas en su sitio. Jamás he acosado a nadie y en ocho años de gestión gobierno no he sido nunca imputado por un caso de corrupción, aunque desde el PP lo hayan intentado», concluye.