El grupo ‘popular’ en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción ordinaria para su debate en el próximo pleno en relación con las toallitas húmedas y su perjuicio al medioambiente y en la que piden, en concreto, reiterar a los fabricantes de toallitas húmedas la necesidad de que incorporen, “de inmediato”, las obligaciones de marcado como producto plástico de un solo uso indicando claramente que no deben arrojarse al inodoro, con independencia de que en teoría sean biodegradables o no.
De igual modo, en la iniciativa el PP propone que el Ayuntamiento de Málaga solicite a los fabricantes de toallitas húmedas que inviertan en I+D para desarrollar productos que de verdad sean biodegradables y ofrezcan una alternativa a las toallitas comúnmente producidas. Además, les insta a invertir en campañas de comunicación y divulgación para concienciar acerca de la necesidad de darles el tratamiento adecuado y evitar la contaminación que generan.
Otro de los puntos de la moción es para reiterar al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, la necesidad de que, “a la mayor brevedad posible”, ponga en marcha el desarrollo normativo previsto en la disposición final séptima de la ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para la economía circular, de modo que “puedan exigirse a los fabricantes de toallitas húmedas una serie de responsabilidades que eviten los daños y costes medioambientales que actualmente suponen para las administraciones locales, competentes en materia de saneamiento de aguas residuales”.
Así, en el texto de la moción, el grupo ‘popular’ recuerda que la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) ha hecho público el dato de retirada de residuos sólidos procedentes de las aguas residuales de la capital. En concreto, el año pasado ascendió a 2.341 toneladas que se suman a las 2.368 toneladas recogidas en 2022.
La mayoría de esos residuos son toallitas higiénicas, que siguen arrojándose por el inodoro pese a no ser biodegradables. Estas toallitas son grandes contaminantes cuando alcanzan mares y ríos, y además de eso ocasionan serios problemas en las redes de saneamiento de la ciudad.
Han advertido de que no en todos los casos puede evitarse que lleguen al mar y “es entonces cuando nos encontramos ante un grave problema de contaminación a nivel mundial”, a lo que se suma que la presencia de estas toallitas en la red genera un coste económico “nada desdeñable en concepto tanto de retirada de estos residuos de las instalaciones de Emasa de las mismas como de mantenimiento y reparaciones de instalaciones y equipos. En concreto, en los dos últimos años la cifra asciende a 1,6 millones de euros”.
Por otro lado, han recordado que el grupo ‘popular’ el pasado año presentó una moción a pleno en la que se instaba a los fabricantes a incorporar las obligaciones de marcado como producto plástico de un solo uso y solicitaba al Ministerio que, a la mayor brevedad posible, pusiese en marcha el desarrollo normativo previsto en la disposición final séptima de la ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para la economía circular, que prevé responsabilidades de los fabricantes.
“Un año después de esta petición al Ministerio, debemos seguir insistiendo en la necesidad de que se lleve a cabo cuanto antes esa regulación normativa en desarrollo de la ley”, advierten en la moción.
No obstante, añaden que “vemos cómo los residuos sólidos procedentes de aguas residuales se mantienen prácticamente en el mismo nivel un año más –apenas han descendido un 1,2% en el último ejercicio– y el Ayuntamiento está llevando a cabo un gran esfuerzo tanto de retirada de estos residuos –con el mencionado coste que ello conlleva– como de puesta en marcha de iniciativas encaminadas hacia la concienciación de la población”.
Tras aludir a las campañas, han insistido en que los “esfuerzos deben correr a cargo de los fabricantes y no de las entidades locales que son las que menos financiación tienen y más competencias terminan asumiendo por su mayor proximidad con la ciudadanía”.
Por tanto, creen necesario el desarrollo normativo y que “se haga énfasis en la figura de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), una política medioambiental que responsabiliza a los productores de todo el ciclo de vida de los productos que introducen en el mercado, desde su diseño hasta el final de su vida útil (incluyendo la recogida y reciclaje de residuos)”.
También inciden en que entre las infracciones recogidas en la norma debería haber mención específica al etiquetado de los productos –más allá de a su elaboración y comercialización–, “ya que son numerosas las ocasiones en las que se presenta el producto como biodegradable cuando en realidad no lo es”.
