El grupo del PP en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno con la que instan al Gobierno de España a poner en marcha “las medidas necesarias” para garantizar que el cobro del Ingreso Mínimo Vital (IMV) “se realiza en un plazo razonable y que esta prestación no se convierte en un obstáculo, asegurando que no se produzcan situaciones de reintegro retroactivo y de otro tipo que empeoran la situación de vulnerabilidad de los potenciales receptores del IMV”.
También piden al Ejecutivo central adoptar las medidas para que las personas que salgan de la cárcel y requieran del cobro de una prestación económica “puedan hacerlo como hasta hace unos meses, sin trabas administrativas que les expongan a una situación de mayor vulnerabilidad y que les permitan volver a hacer una vida normal con absoluta dignidad, priorizando a las mujeres y otros segmentos de población cuyas dificultades son aún mayores”.
De igual modo, instan al Gobierno de España a “incrementar mejoras” en la coordinación del INSS y los ayuntamientos para la emisión y renovación de los certificados conducentes a la obtención del IMV, así como a dotar a las entidades locales de los medios materiales y humanos que precisen para que puedan cumplir con las obligaciones que recaen sobre ellos en lo que a emisión y renovación de certificados se refiere.
En la moción, según ha explicado la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, y el concejal, Francisco Cantos, recuerdan que pasado mes de enero, el Pleno aprobó una moción presentada por el grupo del PP mediante la cual el Ayuntamiento de Málaga instaba al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones “a implementar mejoras en relación con el funcionamiento del Ingreso Mínimo Vital”.
“Y es que lo que nació como un balón de oxígeno en plena pandemia para personas en situación de vulnerabilidad está asfixiando a estas personas, que tardan años en empezar a cobrarlo o tienen que realizar reintegros retroactivos a la administración por pérdida de requisitos o errores burocráticos”, ha advertido.
Así, han señalado que se ha conocido, cuando se cumplen cinco años desde la puesta en marcha del IMV por parte del Gobierno Central, “que el número de procesos en los juzgados de lo social relativos al cobro de esta ayuda se ha incrementado en un 48,7% en 2024 respecto al año anterior, según la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2024 del Consejo Económico y Social”.
De estos datos, según precisan, “se desprende que, en la actualidad, uno de cada diez beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital se ha visto envuelto en disputas legales”.
“Al retraso en el cobro –aún hay peticiones de 2023 que no se han tramitado– hay que sumar otra derivada: las peticiones de reintegro que está realizando la administración”, precisando, en este sentido, que se refieren “a personas que han estado cobrando la ayuda y se enfrentan a posteriori a la devolución de miles de euros por modificaciones en su situación personal o por supuestos errores administrativos”.
Por otro lado, han lamentado que “hay poca o nula empatía con quienes perciben este ingreso, ya que la normativa es tan enrevesada que las personas no tienen claras las reglas del juego y lejos de ser ayudadas por el IMV acaban atrapadas en una maraña burocrática que les complica aún más sus, ya de por sí complicadas, vidas”.
Han añadido que “la situación se recrudece aún más en el caso de personas que hayan pasado por prisión ya que “desde el 1 de noviembre del año pasado los exreclusos que llevaban más de seis meses privados de libertad han dejado de percibir el subsidio que recibían, que se ha eliminado, y han pasado a depender del cobro del Ingreso Mínimo Vital”.
Por ello, a juicio del grupo municipal ‘popular’, “parece urgente y necesario que se tomen las medidas oportunas para que las personas que salgan de la cárcel y requieran del cobro de una prestación económica puedan hacerlo como hasta hace unos meses, sin trabas administrativas que les expongan a una situación de mayor vulnerabilidad y que les permitan volver a hacer una vida normal con absoluta dignidad”.
Además, han añadido que “más allá de estos perjuicios que claramente atañen a los ciudadanos y ciudadanas que cobran el IMV o aspiran a cobrarlo, es justo poner de relieve el problema que este ingreso está suponiendo también para los ayuntamientos, en los que el Gobierno deposita buena parte de la tramitación administrativa -y con ella la sobrecarga- sin que ello suponga dotación de medios ni humanos ni materiales para hacer posible el trabajo”.
Al respecto, han recordado que solicitaron en enero en el pleno al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones “que implementase mejoras en la coordinación administrativa entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y los ayuntamientos para la emisión y renovación de certificados conducentes a la obtención del IMV, de acuerdo a las propuestas que se realizaron en la II Comisión de Seguimiento del IMV celebrada en octubre de 2024”.
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