MADRID, 6 May. –
El tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que iba a juzgar a varios familiares del expresidente de Siria Bashar al Assad por constituir una “estructura criminal de carácter familiar” ha anunciado este martes que no es “competente” para enjuiciar estos hechos, por lo que ha acordado suspender la vista oral.
El presidente del tribunal, el magistrado Francisco Vieira Morante, ha anunciado que, tras haber estudiado la petición de la defensa de los acusados, se ha acordado “estimar la cuestión relativa a la competencia de la Audiencia Nacional”.
“En resolución que en los próximos días se dictará, se dictará un auto para el que pueda ser ejercitado los recursos oportunos respecto de él, en el que estimamos que no es competente la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de estos hechos en los términos en los que está formulado el escrito de acusación”, ha explicado.
Fue este lunes cuando, en el trámite de cuestiones previas, la defensa de los acusados solicitó que la causa se enviase a los juzgados de Marbella (Málaga), los competentes para conocer de los hechos.
Estaba previsto que fuese inicialmente la Audiencia Nacional la que enjuiciase a varios familiares del expresidente de Siria Bashar al Assad por constituir una “estructura criminal de carácter familiar” que presuntamente diseñaron una estructura societaria para adquirir en España una serie de inmuebles usando fondos de procedencia ilícita.
Cabe destacar que quedó fuera de la vista oral el principal acusado, Rifaat al Assad, tío de Bashar, por motivos de salud. El juicio iba a comenzar inicialmente en 2023, pero tuvo que suspenderse precisamente por los achaques del acusado, al que se considera el “jefe” de la organización criminal.
Con Rifaat al Assad –87 años– excluido, estaba previsto que se sentasen en el banquillo de los acusados ocho personas para las que la Fiscalía pedía seis años de cárcel respectivamente por un delito de blanqueo de capitales y multa de 2.100.000 millones de euros.
Los acusados eran, en concreto, dos esposas de Rifaat –Raja Barakat y Line Al Khayer — y seis de los hijos que tuvo con ellas: Sabla, Siwar, Mohamed Ali, Ribal, Natal y Soumar al Assad.
La Fiscalía sostiene que Rifaat al Assad “diseñó una estructura societaria con el objeto de adquirir en territorio español una serie de bienes inmuebles utilizando para ellos fondos de procedencia ilícita, ocultando su origen e integrándolos en la actividad económica con apariencia de licitud”.
“Para ello se valió, no solo de personas que diseñaron tal entramado societario en Gibraltar, condenados a prisión y cuya licencia para operar fue retirada por las autoridades del Peñón, sino también de los miembros de su familia”, apunta el escrito.
FORTUNA DERIVADA DEL GOLPE DE ESTADO DE 1970
Sus familiares, según el Ministerio Público, “bien figuraban como teóricos miembros de los órganos de administración de las distintas sociedades, ejecutando todas sus consignas, a fin de dar una apariencia de normalidad societaria, o bien se encargaban de la gestión, reportando siempre a Rifaat, que retribuía a dichos familiares con unas cantidades fijas anuales”.
“Esta organización, con Rifaat en la cúspide, con división de funciones y atribución de cometidos, empezó en torno al año 1986 y estuvo funcionando hasta 2016 a modo de una estructura criminal de carácter familiar”, afirma la Fiscalía.
Sobre el origen de la fortuna, la Fiscalía se remonta al 13 de noviembre de 1970, cuando Hafed al Assad, el hermano de Rifaat, perpetró un golpe de Estado que permitió que este último tuviera “una posición muy importante dentro del régimen sirio como vicepresidente para asuntos de seguridad”.
La Fiscalía sostiene que éste controlaba los servicios de información y era jefe de las llamadas brigadas de defensa, cuya función era la defensa del régimen, especialmente, frente a levantamientos de origen yihadista.
El Ministerio Público añade que, además, “organizó y dirigió un grupo paramilitar llamado ‘la Sabiha’, cuyo objeto era la detención irregular de opositores al régimen y su posterior desaparición”.
El escrito explica que, usando los instrumentos que el régimen puso a su disposición como vicepresidente, Rifaat “comenzó una sistemática campaña de enriquecimiento por medios irregulares basado en cuatro ejes, que duró al menos hasta el año 1984”.
En concreto, el contrabando desde el Líbano, el tráfico de obras de arte –“organizó un expolio sistemático del patrimonio histórico de Siria”–, la usurpación de propiedades y su venta; y el tráfico de sustancias estupefacientes, fundamentalmente hachís.
EL EXILIO PACTADO
El fiscal señala que tras un intento de hacerse con el poder en 1983, pactó con su hermano un exilio para lo que le facilitaron 214 millones de dólares con cargo a la Presidencia de Siria. Sin embargo, el total de dinero de origen ilícito, por diversas procedencias, ha sido estimado por la oposición siria en alrededor de 4.000 millones de dólares de la época, y no consta el modo en que el acusado situó dichas cantidades fuera de Siria.
Dado que se estableció en Francia, comenzó a adquirir allí palacetes, fincas y complejos inmobiliarios –de hecho hay otro procedimiento abierto en el país galo– y desde 1986 con la estructura societaria organizada comenzó a hacer lo mismo en España.
De lo investigado se ha sabido que el conjunto de propiedades adquiridas en nuestro país entre 1986 y 2005 por el acusado asciende a 52,1 millones de euros según precio de adquisición. Y el fiscal valora que hoy tienen un valor de 700 millones de euros.
El escrito recoge que Rifaat es el beneficiario de dos trust con sede en Las Bahamas que son “la cabeza de una estructura piramidal de sociedades cuya única finalidad es ocultar la propiedad real de toda una serie de bienes adquiridos con dinero ilícito obtenido en Siria”.
“El acusado ha procurado crear esta estructura societaria de modo que no figure nunca ni como titular, accionista o administrador de ninguna de las sociedades. Sin embargo, la gestión de las sociedades muestra unos patrones de conducta que acreditan que forman un todo y los principales gestores, los también acusados Mohamed Ali y Siwar al Assad –hijos de Rifaat–(…) le rinden cuenta de todas las decisiones”, añade.
La Fiscalía explica que la sociedad española denominada Pinlosac, dependiente de esos trust, es titular de hasta 244 plazas de garaje en el complejo Benabola de Marbella, y refieren la propiedad del acusado de otras 49 fincas, además de otros 92 pisos y apartamentos del complejo Benabola que provienen de compras realizadas por 91 sociedades gibraltareñas también controladas por Rifaat.
El escrito refiere un sinfín de sociedades creadas con el propósito de ocultar el verdadero propietario de los bienes inmuebles, y añade que Assad también controla un restaurante en Puerto Banús, varios apartamentos, un lounge de shisha y hasta una pizzería. Además recoge que con el dinero ilícito también se adquirieron tres Toyota Land Cruiser blindados, relojes, joyas, metales, alfombras y marfiles por valor de 271.878 euros.
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