La coordinadora provincial de Izquierda Unida Málaga, Toni Morillas, ha alertado de que el decreto de simplificación en materia urbanística de la Junta de Andalucía «es material inflamable, un acelerante para la escalada en la subida de los precios de la vivienda y la depredación urbanística del litoral y el medio rural de la provincia de Málaga. Con esta nueva norma Juanma Moreno decreta una provincia de Málaga grande, libre y urbanizable».
Morillas ha considerado que la normativa autonómica supone «más madera para la escalada de los precios de la vivienda en nuestra provincia y lo que plantea es extraordinariamente grave, ya que supone privatizar la tramitación urbanística al poner en manos de entes privadas funciones que hasta ahora estaban reservadas para al funcionariado público».
«El único propósito es ponérselo más fácil a los promotores y fondos de inversión, eliminando garantías y controles a los macroproyectos que impactan en el precio de la vivienda y depredan el territorio. Favorece a proyectos tales como los de La Térmica, Pinares de San Antón, el macroproyecto de ocio sobre el acuífero de Coín o tantas otras urbanizaciones a lo largo del litoral malagueño», ha dicho.
Asimismo, ha lamentado que «el PP vuelve a la tesis de la época de la burbuja inmobiliaria para terminar de enladrillar el litoral y dar un paso decisivo en el desembarco del ladrillo en la Málaga interior».
«El mal llamado decreto de simplificación administrativa no va a reducir las listas de espera respecto a la ley de Dependencia, que en nuestra provincia se sitúa ya en una media de 580 días de tiempo de espera, tampoco va a llegar a las ayudas sociales, pero sí va a poner en bandeja el negocio inmobiliario a las grandes promotoras o fondos de inversión, para los que todo va a ser coser y cantar», ha asegurado Morillas.
EL PP «INCUMPLE» LAS LEYES ESTATALES EN MATERIA DE IGUALDAD
Por otro lado, Morillas ha exigido a Moreno que «asegure el cumplimiento de las leyes vigentes que garantizan el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a todas las mujeres en el sistema público y el acceso a la educación sexual».
En este punto, la coordinadora de IU criticado que «el PP no está cumpliendo con la normativa y desacata las leyes feministas del gobierno de España».
«Cuando se cumple el primer aniversario de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, es especialmente importante que quede claro que el PP está obligado a cumplir la ley del aborto, no podemos entender que no esté cumpliendo con el mandato de poner en marcha un registro de objetores de conciencia para que se pueda garantizar que la interrupción voluntaria del embarazo es posible para todas las mujeres en centros sanitarios públicos y cercanos a su domicilio», ha señalado.
Morillas ha alertado de que «hay provincias andaluzas en las que se sigue sin realizar interrupciones voluntarias del embarazo. Tampoco se ha adaptado el currículum educativo e incorporado la educación sexual».
«Y, a pesar de que la legislación impide financiar a organizaciones que vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, vemos como el gobierno de Moreno Bonilla durante los últimos tres años ha transferido 1,7 millones de euros a organizaciones que acosan a las mujeres que intentan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos», ha concluido.