El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que han concluido los trabajos para los informes previos medioambientales que son necesarios para autorizar la instalación de una desaladora de agua marina contenerizada en la zona del río El Castor.
Estas actuaciones han sido llevadas a cabo entre las desembocaduras de los ríos Castor y Padrón por un equipo de científicos de la empresa Taxon Estudios Ambientales, «que han empleado las últimas tecnologías para realizar diferentes estudios en la parte del litoral donde se han proyectado los emisarios y las tomas de agua de la planta desaladora», según ha indicado el Ayuntamiento de Estepona en un comunicado.
Este equipo multiplidisciplinar, que cuenta con biólogos, químicos, oceanógrafos, buzos, taxónomos o técnicos de laboratorio, han realizado distintos tipos de registros para conocer las características físico-químicas del agua y del sedimento donde se va a instalar el emisario.
Para esos trabajos previos de recogida de muestras y sondas, la empresa ha empleado las últimas tecnologías como un dron submarino, un sónar de barrido lateral para estudiar los sedimentos (batimetría), botellas oceanográficas para captar agua a distintas profundidades o sondas perfiladoras para analizar la conductividad, la densidad o la temperatura del agua.
Tras todas estas actuaciones que se han realizado hasta una profundidad de unos 25 metros, los investigadores comenzarán ahora a elaborar los informes previos medioambientales que son necesarios, entre otros, para obtener la autorización de la desalinizadora.
Será una planta de tratamiento del agua, que contará con un sistema de placas fotovoltaicas de alimentación, que reduce los costes y los tiempos de implementación al constar de módulos prefabricados. Contempla una producción original de 20.000 metros cúbicos al día, ampliables en el futuro a 30.000 metros cúbicos al día.
Este proyecto se enmarca dentro del Plan de Obras de Infraestructuras Hidráulicas aprobado por el Ayuntamiento de Estepona el pasado mes de diciembre. Este documento fue impulsado para llevar a cabo una serie de actuaciones prioritarias y necesarias para garantizar el suministro a la población y preservar la economía local.