El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, Día Internacional de las Mujeres, un paquete de medidas destinadas a seguir avanzando en materia de Igualdad. Se trata de medidas e iniciativas transversales, con la igualdad como objetivo, impulsadas desde el Ministerio de Igualdad y que parten de distintos ministerios competentes en cada una de las materias.
“El Gobierno de España sitúa la igualdad, la perspectiva de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres como prioridades absolutas y transversales en su actividad institucional y en todas sus iniciativas de gobierno”, ha explicado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo. Se trata, además, de un ejemplo de cogobernanza, fundamental para el diseño y éxito de las políticas de Igualdad. Reunido con carácter extraordinario con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional en la que reafirma su firme compromiso con la lucha por la igualdad real y efectiva.
En esta línea, el Gobierno recupera el anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la explotación de seres humanos para iniciar de nuevo su trámite, que decayó en la anterior legislatura con la convocatoria de elecciones.
El texto iniciará ahora un proceso de audiencia pública para recoger aportaciones, además de recabar los informes preceptivos.
El anteproyecto adopta por primera vez un enfoque integral de la trata. Así, la respuesta de los poderes públicos va más allá de la respuesta penal y aborda también la prevención y la sensibilización de la sociedad, la detección temprana y la asistencia y protección a las víctimas.
Entre las novedades, la ley reconoce los derechos sin necesidad de interposición de denuncia. Además, contempla un régimen de ayudas económicas para la víctima y sus hijas o hijos o personas dependientes a su cargo.
Ayudas económicas a víctimas de violencias sexuales
Por otra parte, el Consejo de Ministros insta al Ministerio de Igualdad a elevar un Real Decreto por el que se regule la concesión de ayudas económicas a las víctimas de las violencias sexuales con bajos ingresos. Se trata de un avance en el desarrollo de la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual.
Por parte del Ministerio del Interior, aprobará una instrucción para actualizar los criterios y procedimientos para la inactivación de casos del sistema Viogén. En función del riesgo, el mecanismo se podrá mantener activo incluso hasta un año después de que el agresor haya cumplido su condena. Se trata de mejorar la seguridad de las víctimas.
El Gobierno también ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones un cambio en el tratamiento de las situaciones de incapacidad temporal en caso de violencia de género, de forma que éstas no se consideren de contingencia común, sino que, a efectos económicos, se consideren de contingencia profesional. Esto da mayor protección económica y social a las víctimas.
Protocolos contra el acoso
Finalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado un protocolo de actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. “Supone un ejercicio de coherencia”, ha defendido Ana Redondo.
Se trata de una propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que recoge entre sus novedades un listado de conductas constitutivas de acoso para facilitar su aplicación e incluye como acoso el que se ejerce a través de medios tecnológicos, informáticos o ciberacoso.
El Protocolo incluye la obligación de los empleados públicos de poner en conocimiento los casos de posible acoso sexual o acoso por razón de sexo que conozcan, para lo que debe establecerse un mecanismo sencillo y confidencial; la obligación para la administración de atender y tramitar, en su caso, las notificaciones que reciba sobre supuestos de acoso sexual o acoso por razón de sexo, en el ámbito de su competencia, garantizando que sus actuaciones no desprotejan a la víctima; y la necesidad de acometer las actuaciones con celeridad, garantizando -salvo excepciones justificadas- que se elaborará un informe sobre el caso en un plazo no superior a 10 días desde la comunicación o solicitud de activación del protocolo.
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