La concejala portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha presentado una enmienda a la totalidad para solicitar el «rechazo de la ordenanza de tramitación de licencias urbanísticas elaborada por el equipo de gobierno del PP».
Morillas ha advertido de que, «bajo la coartada de agilizar las tramitaciones, esconde una privatización progresiva de la tramitación urbanística y la consolidación de un sistema discriminatorio que atribuye poderes discrecionales al gerente para priorizar unos proyectos en detrimento de otros y espolea un urbanismo de dos velocidades: el de los macroproyectos de los fondos de inversión que se priorizará, frente al de los asuntos necesarios para avanzar en la calidad de vida de la gente y la mejora de los barrios que seguirá encallado».
Ha agregado que «uno de los aspectos más abusivos es la atribución al gerente de la capacidad de ordenar las prioridades de forma arbitraria. Será el gran ‘dedazo’ del gerente el que decida qué se tramita y qué se queda en el fondo de la bandeja sin criterios objetivos».
«A esta concentración abusiva de poder de forma discrecional en una sola persona, tenemos que unir la reciente modificación de los estatutos en el último consejo de la GMU que confiere más competencias a la concejala de Urbanismo en detrimento del alcalde», ha apostillado.
De igual modo, ha explicado que «hemos analizado la ordenanza y nos ha sorprendido que los plazos de tramitación no cambian sustancialmente, el objetivo último está claro que es privatizar la gestión urbanística, la nueva norma abre de par en par la puerta a entidades externas que, a pesar de que no debería ser así, acabarán por sustituir la labor de los técnicos municipales».
La concejala portavoz adjunta de la coalición refleja en sus alegaciones «la paradoja que, a pesar de las constantes alusiones a la supuesta agilidad en la tramitación de las licencias, no se adopte ninguna media para agilizar los expedientes de infracciones urbanísticos, incluso aunque el atasco en el departamento de disciplina es similar o, incluso, mayor que en el de licencias».
«De forma paralela, la GMU abusa de la fórmula del contrato menor, lo deja claro el reciente informe de control económico y financiero de la Intervención, al destapar incumplimientos en el uso de este tipo de contratos. También detecta el fraccionamiento de contratos, se trata de contratos que tendrían que haberse tramitado mediante un procedimiento abierto, atendiendo a los principios básicos de libre competencia, publicidad y transparencia que exige la Ley de Contratación del Sector Público», ha criticado Morillas.
Por último, el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha asegurado que «con esta ordenanza se cumple lo que venimos diciendo desde hace años, el equipo de gobierno del PP tiene claro que su prioridad es poner la alfombra roja y remover todos los obstáculos para los fondos buitre, marginando los derechos y necesidades de la población malagueña».
No hay etiquetas para esta entrada.
